2,3 MILLONES EN MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD

Que cientos de oficinas de la Seguridad Social se encuentren vacías por falta de personal, que otras tantas no dispongan de herramientas tecnológicas adecuadas y dejen colgados miles de ciudadanos y asesores laborales y que otras tantas estén cerrando sus puertas no es obstáculo para que la Inspección de Trabajo intensifique su trabajo y haya impuesto multas por casi tres millones de euros entre los meses de enero y octubre del presente año por incumplimiento de los planes de igualdad.

Ese Plan Estratégico de Recaudación está en marcha desde primeros de año y está siendo cumplido de manera rigurosa. El resultado de muchas de estas actuaciones ya es conocido: sanción económica de 7.500 euros y requerimiento de que el Plan de Igualdad quede registrado en un plazo determinado. ¡Ojo! Algunas sanciones están alcanzando la suma de 225.018 euros.

Según información oficial publicada, más de 70% de las empresas obligadas a tener registrado un Plan de Igualdad, están siendo incumplidoras.

Razones del incumplimiento.

Fuentes de la CEOE y otras organizaciones empresariales señalan que las razones del incumplimiento son múltiples:

• La pandemia ha hecho que las empresas prioricen el foco de acción en los ertes, etc.
• Las consecuencias de la pandemia han hecho que las empresas centren la utilización de sus recursos en labores de supervivencia.
• Hasta el verano pasado no fueron publicadas las guías del Ministerio de Trabajo. Guías necesarias, sobre todo, para las pymes.
• Los sindicatos (CCOO y UGT), que deben intervenir de manera obligatoria en los casos en los que la empresa no cuente con representación legal de los trabajadores, no acuden con la diligencia requerida a las llamadas de las pymes. En algunos casos confiesan su imposibilidad por falta de medios y recursos.
• A estas razones, añadiría que la implantación de un plan de igualdad no es tarea fácil y, necesariamente, debe estar confiada a un asesor laboral. Y (…) los asesores laborales no dan más de sí.

El escenario actual es el siguiente: desde el inicio del covid19, las asesorías laborales han sufrido un auténtico colapso del que todavía no han salido motivado por:

• La gestión precipitada y urgente de miles de Ertes en escasos días.
• Los numerosos cambios de las reglas laborales, con “ahora digo y ahora me desdigo”.
• Publicaciones de decretos a última hora, repletos de deficiencias legislativas y con una gran carga de inseguridad jurídica.
• Las subidas del salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos. Ahora sí; Ahora, no.
• La necesidad de elaborar registros salariales, planes de igualdad, registros horarios, protocolos anti-acoso y mil historias más, al amparo de normas inspiradas desde un legislador ignorante de lo que sucede en el mundo de la empresa y en la economía real y con funcionarios más dispuestos a poner excusas que a prestar ayuda.
• La confusa puesta en marcha de las nuevas reglas de cotización en la recta final del 2021 que obligaron a anular y a elaborar liquidaciones de miles de nóminas en plazos muy cortos.
• La insufrible ausencia de la Administración, cerrando oficinas y obligando a los asesores a una comunicación electrónica ineficiente y cargada de fallos.

Todo lo expuesto es, sin más, rigurosamente cierto. Tanto como que el sistema de la seguridad social funciona en nuestro país gracias a estos abnegados asesores laborales. Por cierto, no estaría de más un gesto de reconocimiento por parte de la Administración del estado.

¿Alguna objeción?

Valdría la pena el esfuerzo de intentar que la inspección tenga un cierto grado de concienciación y de sensibilización sobre el escenario actual. Sin embargo, ni la empatía ni la sensibilización sobre lo que es el mundo real de la empresa son asignaturas del programa de disciplinas de la oposición a inspector de trabajo. ¡Pocas esperanzas, pues!

Echamos de menos que la graciosa indulgencia que la administración aplica a sus ineficiencias la aplique a la empresa que las sufre.

¡No contéis con ello!