La reciente regulación de la DGT sobre la deducibilidad de los gastos de formación supone una buena noticia para aquellas empresas que apuestan por invertir en el desarrollo de sus empleados como estrategia para mejorar sus resultados. Sin embargo, no todos los gastos de formación son automáticamente deducibles.

El arrendamiento de inmuebles es una actividad común entre sociedades, pero calificarlo como actividad económica o rendimientos del capital mobiliario puede tener importantes implicaciones fiscales.

El pasado jueves, dos miembros de nuestro equipo de MJA Abogados y Asesores asistieron a una interesante jornada sobre Inteligencia Artificial celebrada en la sede de AITEX, en Alcoy. La ponencia reunió a profesionales de distintos sectores para reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea la aplicación de la IA en el ámbito empresarial.

El Tribunal Supremo , en sus sentencias 2086/2022, 2525/2022 y 1008/2023, ha consolidado el criterio de que las pruebas obtenidas en un procedimiento inspector que vulneren derechos fundamentales son ilícitas , lo que implica la nulidad de toda la actuación derivada de ellas.

En un reciente fallo, el Tribunal Supremo ha zanjado la controversia sobre la exigencia de los sindicatos de acceder a la retribución individualizada de cada empleado.

Se ha abierto una nueva convocatoria para apoyar inversiones necesarias en los departamentos de producción, calidad y almacén realizadas por pymes industriales en diversos sectores de la Comunidad Valenciana.

Las subvenciones pueden ser un motor clave para el crecimiento y estabilidad de tu empresa. Sin embargo, muchas oportunidades se pierden por desconocimiento o por la complejidad de los trámites.

El debate sobre la retribución de los administradores parecía resuelto con la doctrina del Tribunal Supremo, proporcionando estabilidad y seguridad jurídica. Sin embargo, una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, introduce nuevas incertidumbres fiscales.

En España, existen aproximadamente 27.477 empresas con plantillas de entre 50 y 249 trabajadores. Esto significa que más de 2,7 millones de empleados deberían tener acceso a un Canal de Denuncias , un requisito obligatorio según la normativa vigente.

El Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 31 de octubre de 2024 , ha reafirmado el principio de proporcionalidad, consagrado en el Derecho de la Unión Europea, al anular una sanción, incluso si ello conlleva la inaplicación de una norma nacional.