¿ESTÁ REALMENTE PREPARADA SU ORGANIZACIÓN PARA GESTIONAR UNA DENUNCIA INTERNA?
La mayoría de las empresas responderían afirmativamente a esta pregunta. Y probablemente tendrían razón.
Disponen de un canal interno de información, han designado un responsable y cuentan con un procedimiento aprobado conforme a la normativa vigente.
Sin embargo, existe otra pregunta que merece una reflexión más profunda.
¿Qué ocurriría mañana si entrara una denuncia realmente delicada?
Por ejemplo:
- una denuncia contra un miembro de la Dirección;
- una comunicación por posible acoso laboral;
- una sospecha de fraude interno;
- un conflicto entre socios;
- una denuncia que pudiera tener trascendencia penal o reputacional.
En ese momento, las cuestiones dejan de ser jurídicas para convertirse en organizativas.
- ¿Quién recibe realmente la denuncia?
- ¿Quién decide si debe admitirse?
- ¿Quién coordina la recopilación de la información?
- ¿Quién garantiza la confidencialidad?
- ¿Quién documenta cada actuación?
- ¿Quién controla los plazos?
- ¿Quién presenta a la Dirección un informe objetivo y suficientemente fundamentado?
- ¿Quién gestiona el procedimiento si la propia Dirección resulta afectada por la comunicación?
Son preguntas que muchas organizaciones no se plantean hasta que la situación ya se ha producido.
Y es precisamente entonces cuando aparecen la improvisación, los conflictos de interés, la falta de trazabilidad o la dificultad para justificar posteriormente las actuaciones realizadas.
Del cumplimiento normativo a la madurez organizativa
La implantación del canal de denuncias fue, para muchas empresas, una respuesta a una obligación legal.
Hoy, el reto ya no consiste únicamente en cumplir.
Consiste en disponer de un sistema capaz de funcionar cuando realmente sea necesario.
Las organizaciones más maduras están evolucionando hacia modelos en los que la Dirección continúa asumiendo íntegramente la toma de decisiones, pero cuenta con apoyo externo para gestionar el procedimiento con independencia, metodología y seguridad.
No se trata de sustituir a la empresa.
Se trata de ayudar a que las decisiones importantes se adopten sobre un expediente correctamente gestionado, documentado y estructurado.




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